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Delitos urbanísticos

El derecho penal en relación con el ámbito de ordenación del territorio es tendente a proteger al sistema de la corrupción urbanística en el territorio. Los delitos urbanísticos pueden ser cometidos por agentes de la construcción tales como promotores, arquitectos, ingenieros y, en forma de prevaricación, por servidores públicos.

 

El supuesto más habitual es la edificación de inmuebles no autorizados en suelos no urbanizables, tales como aquéllos de valor forestal, agrícola, ganadero o susceptible de sufrir riesgos naturales o tecnológicos. Para que alguien sea acusado por este tipo de actividades debe haber urbanizado en un suelo no urbanizable de forma no autorizada.

 

También se castigan aquellas conductas donde el sujeto activo de las mismas son promotores, constructores y técnicos-directores,  consistentes en supuestos tales como la construcción ilegal y permanente en suelos protegidos, reservados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o bienes reconocidos por su valor artístico, histórico, cultural o ecológico. El tribunal puede ordenar la demolición de la obra ilegal.

 

Otra típica conducta en este ámbito sería la concesión irregular de licencias urbanísticas, proyectos de edificación o licencias contrarias a legislación vigente, así como resolver o votar a favor de su concesión por parte del propio funcionario, autoridad pública o miembro de un órgano colegiado.

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